¡ÚLTIMO MINUTO! TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SENTENCIA A FAVOR DE JOSÉ ARIAS CHUMPITAZ…HUBO INJUSTICIA Y ABUSO…WWWW.PODERPOLITICO.INFO TUVO LA RAZÓN, COMPARTE LA VERDAD Y LA HORA DE LA LIBERTAD DE LÍDER HISTÓRICO DE ASIA – CAÑETE

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POR: MARCELINO ANTONIO AGAPITO MANCO

PODER POLÍTICO: Culminado el Proceso de Consulta Popular (revocatoria) las actas procesadas 100.00% en el distrito de ASIA – CAÑETE dieron como resultado un contundente respaldo a don JOSE ARIAS CHUMPITAZ 2,328 (SI) 2,640 (NO), puesto en prisión INJUSTAMENTE según la sentencia favorable del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA emitida  el 17 de junio 2013, la misma que se mantuvo con la reserva que amerita por el máximo intérprete de la Norma y que hoy hacemos de conocimiento público.

A la luz de la voluntad popular el sabio Pueblo Asiano también respaldó a don MAXIMO AVALOS ABURTO -2,547 (SI) 2,328 (NO)- regidor inhabilitado también por enfrentarse valientemente a Telefónica del Perú, por su lealtad y  apoyo a su líder José Arias, compartiendo el sufrimiento por la causa y el mérito de transformar a su distrito con grandes obras para el distrito “Capital Turística del Verano”, pese a estar suspendido ya varios meses a consecuencia de una sentencia condenatoria -no de su libertad- por ello, nadie puede negar que estuvo muy cerca de dar el golpe, aunque en su caso, fue revocado por escaso margen; en cuanto a los otros resultados de CYNTIA VANESSA RAMOS CASTAÑEDA 3,241 (SI) 1,589 (NO) y FELIPA CELERINA ARIAS CAMPOS 2,819 (SI)  2,034 (NO), con el voto cruzado el Pueblo entendió que les faltó un mayor protagonismo para defender a su líder en las hora crucial.

Soy consciente que no fue, ni será fácil seguir con la pluma de la verdad y la justicia, aquella que no está manchada con dinero de la corrupción, tampoco es para pontificar, mucho menos santificar, entendiéndose la imperfección del hombre, pero es innegable que esta lucha lo asumí contra-corriente, contra-pronóstico y contra-corrupción; en el camino por defender a un hombre JUSTO, hubo amenazas de muerte, seguimiento, burlas, difamación y descrédito que sufrir en tiempo real, blogs, facebook, vía telefónica…pero doy gracias a DIOS y a los valores sembrados por mis padres, lo digo con sinceridad, siento que cada vez que salgo no voy a volver, si algún día fuese así difundan éste artículo como una demostración que un rayo de luz puede iluminar un universo de oscuridad.

Seguiremos informando para fomentar la credibilidad y objetividad, este caso aún no termina, habrá nuevas batallas que librar en las tribunas que dirijo o represento. Las elecciones en el distrito de Asia – Cañete (revocatoria 2013) será por muchos años muy comentada por lo asimétrico, desleal, controvertido y considerado antes, durante y a la vista de los resultados injusto contra don José Arias Chumpitaz, el mismo que con todas las reglas de juego en contra, encarcelado en el penal de Cantera por enfrentarse a Telefónica del Perú, a los traficantes de tierras eriazos y ribereños de la Comunidad Campesina de Asia ¿A estos por qué no los investigan y castigan? y de cuya venta y dinero de miles de hectáreas se aproximan a los 2 Millones de Dólares que ha sido calculados por José Arias, nadie sabe su destino y en que bolsillos están(…) pero don José Arias fue más allá y le viene haciendo frente a cuestionados políticos locales y congresistas de la república que se han hecho millonarios coludiéndose con la corrupción, a los “Votos golondrinos” que suman 1528 electores que desembocará en materia de investigación para verificar y de haber sufragado sancionarlos con todo el peso de la ley y que no pudieron vencer el arma de la sabiduría popular que respaldó contundentemente a don José Arias Chumpitaz.

EL PUEBLO COINCIDE EN HONRARLO COMO HOMBRE JUSTO Y ABANDERADO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Queda claro que el respaldo del NO A LA REVOCATORIA a José Arias Chumpitaz lo reivindicó moral y políticamente, más valor tiene si -caso José Arias- estuvo privado de su libertad desde el 7 de junio 2013.

Por supuesto que la batalla legal continúa, si se dice que la voz del pueblo es la voz de DIOS, entonces queda claro que a este hombre su PUEBLO lo considera un hombre JUSTO. Seguro nada quitará de la mente el dolor del injusto encierro de don José Arias Chumpitaz, de verse de la noche a la mañana ser llevado con grilletes como un vil delincuente -que no lo es-  para humillarlo ante el escarnio público de los corruptos, de comunicadores sociales asalariados por la corrupción, nadie lo devolverá lo cruel vivido en una cárcel, guardando las distancias en un anterior artículo lo señalé como José “Nelson Mandela” Arias Chumpitaz, algunos ironizaron, se burlaron y festejaron con los corruptos la injusticia.

Hoy en el día de la libertad de José Arias, una señal de luz se abre dentro de la oscuridad, una voz de justicia se escucha en el horizonte, aun la carroña de políticos no están sepultados, ¡estar alerta! Porque la lucha continúa.  ¡Viva la libertad! ¡Viva la Justicia!

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL –  CASO JOSÉ ARIAS CHUMPITAZ

EXPEDIENTE No 01116- 2013-PHC/TC LIMA

En Lima, a los 17 días del mes de junio de 2013, la Sala segunda del tribunal Constitucional, integrado por los Magistrado Mesía Ramírez, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por José Arias Chumpitaz contra la Resolución expedida, por la Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, que declaro infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 3 de julio 2012, el recurrente interpone demanda de Habeas Corpus, contra los integrantes de la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cañete, señores Paredes Dávila, Durand Prado y Polanco Tintaya con la finalidad que se deje sin efecto la Resolución de fecha 7 de junio 2012, que varía el mandato de comparecencia por el detención. Alega que en el proceso que se le sigue por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión se le está afectando su derecho a la libertad individual y el principio de legalidad.

Refiere el recurrente que viene siendo procesado por el delito de colusión desleal, habiéndose abierto proceso penal en su contra con mandato de comparecencia restringida.
Señala que se le comunicó para que concurriera a una diligencia, pero que presento al despacho de la Presidencia de la Sala emplazada la documentación que acreditaba que contaba con descanso médico por incapacidad física. Así mismo expresa que la Sala emplazada tuvo a la vista el informe ecográfico en el que se indicaba los resultados de los análisis emitidos por el Hospital de la Solidaridad – Municipalidad Metropolitana de lima que le diagnosticaron meteorismo intestinal incrementado, coleodoc dilatado de AED. Informe al que acompaño las ordenes de atención para las realizaciones de los exámenes de sigmodoscopia y colangioresonancia lo que evidenciaba que no podía concurrir a dicha audiencia por motivo de salud, refiere que el artículo 135 del Código Procesal Penal exige que los presupuestos procesales exigidos en dicha normativa deben de concurrir copulativamente, de manera que a falta de uno de ellos no podrá dictarse mandato de detención. Aduce que ha concurrido a todas las citaciones que se le exigieron y que además cuenta con domicilio y oficio conocido puesto que se desempeñaba como Alcalde del distrito de Asia, lo que demuestra que no existe peligro de fuga y menos aún de perturbación de la actividad probatoria. Afirma que la resolución cuestionada se basó en el hecho que se ausentó de la audiencia programada, bajo la consideración que dicha conducta quebraba la conducta impuesta, referida a que no debía ausentarse de la ciudad de Cañete. Asimismo, expresa que no incumplió las reglas interpuestas en la comparecencia restringida, y que no asistió fue por razones estrictamente de salud que fueron acreditados oportunamente.

De fojas 218 a 227 obran las declaraciones de los emplazados, quienes manifiestan que han procedido de acuerdo a ley cuando han revocado la resolución que dispuso el mandato de comparecencia restringida imponiendo mandato de detención. Afirman que el proceso penal se ha llevado de manera regular observándose más bien que el actor no concurrió a la audiencia para lo que fue citado y no justificó su inasistencia, pese a que en cada sesión del juicio oral se le hacía presente el apercibimiento decretado en el auto de apertura de instrucción.

El Trigésimo Primer Juzgado Penal, con fecha 21 de agosto 2012, declara fundada la demanda de Habeas Corpus, considerando que la decisión de los emplazados es desproporcionada y atentatoria al principio pro hómine, afectándose sí el derecho a la libertad individual del demandante.
La Sala Superior Revisora, con fecha 29 de octubre 2012, resuelve revocar la resolución apelada y reformándola, la declara infundada, considerando que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada, no habiéndose acreditado afectación alguna de los derechos del recurrente.
El recurrente interpone Recurso de Agravio Constitucional con argumentos similares a los expresados en la demanda.

FUNDAMENTOS:

1.- Delimitación del petitorio
El objetivo de la demanda es que se declare la Resolución de Fecha 7 de junio 2012, que varía el mandato de comparecencia por el de detención, alegando el demandante que se le está afectando su derecho al debido proceso, concretamente el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad individual.

2.- Cuestión previa
El artículo 4o del Código Procesal Constitucional establece que el hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad personal y la tutela procesal efectiva. Por lo tanto no procede cuando del proceso penal que dio origen a la resolución que se cuestiona no se han agotado los recursos que otorga la ley para ser impugnada o cuando habiéndose apelado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha apelación. Cfr. Exp. No 4107-2004/HC/TC Caso Lionel Richie de la Cruz Villar.

En el caso de autos se presenta una situación singular puesto que el actor cuestionó entro del proceso penal -en etapa de juicio oral- la Resolución de fecha 7 de junio 2012 , que revocó el mandato de comparecencia y le impuso mandato de detención, es decir se aprecia a fojas 195o que el demandante interpuso recurso de nulidad contra dicha decisión judicial, recurso que fue considerado improcedente por los jueces emplazados sustentando su decisión en el artículo 271º del Código de Procedimientos Penales . En tal sentido de lo expuesto se advierte que al recurrente no se le permitió impugnar la resolución judicial citada en aplicación de una norma legal, por lo que en principio no se estaría ante una resolución firme, puesto que no se ha obtenido un pronunciamiento en segunda instancia por parte de un órgano superior jerárquico – Sin embargo para este colegiado no puede quedar inadvertido que el recurrente si cuestionó la resolución judicial que a su entender agrava su derecho a la libertad individual, siendo los emplazados quienes propiamente le denegaron la posibilidad de obtener una decisión en segunda instancia , razón por lo que debe evaluarse el sustento para desestimar el cuestionamiento formulado para el actor, lo que impidió que el órgano superior en grado se pronunciara.

Este tribunal ha detallado en la STC No 4107 -2004-HC/TC que debe coextenderse por Resolución Firme a “(…) aquella contra lo que se ha agotado los recursos previstos en la ley procesal de la materia (…)”asimismo que existan supuestos de excepción en la que no será necesaria dicha exigencia. Estos criterios de excepción son “a) que no se hay permitido al justiciable a los recursos que depara el proceso judicial de la materia b) que haya retardo injustificado en la decisión del mencionado recurso c) que el agotamiento de los recursos pudiera convertirse en irreparable la agresión d) que no se resuelvan los recursos en los plazos fijados para su resolución “En el caso de autos se advierte el criterio de excepción establecido en el supuesto a) ya que no se le permitió al demandante al recurso que interpuesto contra la resolución que presuntamente agravia su derecho a la libertad individual.
En el caso de autos el recurrente interpuso recurso de nulidad contra la resolución de fecha 7 de junio 2012, que varía el mandato de comparecencia por la de detención, declarándose improcedente el recurso presentado en aplicación al artículo 271 del Código de Procedimientos Penales que establece que “Todas las peticiones o cuestiones incidentales que surjan en las audiencias se plantearán verbalmente. La sala la resolverá inmediatamente o las aplazará para resolverlas en las sentencias. Los escritos que se presenten las partes no serán leídos en ningún caso. “Contra las resoluciones que se expidan en el transcurso del debate sobre las cuestiones incidentales no procede ningún recurso alguno. Salvo los casos expresamente por la ley” (subrayado agregado)

Se advierte que los emplazados han aplicado una norma que impide el cuestionamiento de una resolución judicial que tiene una incidencia negativa en el derecho a la libertad individual, razón por la que la exigencia de agotamiento de recursos –en este caso- es razonable, puesto que existe una disposición legal que, tal como ha sido aplicada el caso de autos, impide el pronunciamiento del órgano superior en grado.

3. Sobre la afectación al derecho a la debida motivaciones de las resoluciones judiciales (Art. 139 Inc. 5) Constitución Política del Perú.
3.1 Argumento del demandante.
El demandante expresa que con la emisión de la resolución cuestionada se ha afectado su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, puesto que para revocar el mandato de comparecencia por el de detención la Sala emplazada no tuvo en cuenta presentada que acredita su enfermedad , y por cuya razón no podía acudir a la audiencia para la que fue citada; así como tampoco ha motivado debidamente ya que no concurren los requisitos exigidos en el artículo 135 del Código Procesal Penal, presupuestos que deben de concurrir copulativamente, de manera que a falta de alguno de ellos no podrá dictarse Asimismo mandato de detención. Asimismo arguye que ha concurrido a todas las citaciones que se le exigieron y que además cuenta con domicilio y oficio conocido, puesto que se desempeña como Alcalde del distrito de Asia, situación que evidencia que no existe peligro de fuga y menos aún de perturbación de la actividad probatoria, razón por lo que considera arbitrario que la resolución cuestionada se basa en el hecho que se ausentó de la audiencia programada bajo la consideración que con dicha conducta quebrantaba la regla de la conducta impuesta refería a que no debería de ausentarse de la ciudad de Cañete, reiterando el argumento que no incumplió con dichas reglas impuestas en la comparecencia restringida, y que si no existió fue por razones estrictamente de salud, las que fueron acreditadas oportunamente.

3.2 Argumentos de los demandados
Los demandados expresan que con la emisión de la resolución cuestionada no se ha vulnerado derecho alguno, puesto que han procedido de acuerdo a ley cuando han revocado la resolución que dispuso mandato de comparecencia restringida, imponiendo mandato de detención. Afirman que el proceso penal se ha llevado de manera regular, observándose más bien que el actor no concurrió a la audiencia por lo que fue citado y no justificó dicho accionar, pese a que en cada sesión de juicio oral se le hacia presente el apercibimiento decretado en en el auto de apertura de instrucción.

3.3 Consideración del Tribunal Constitucional
El artículo 139º Inciso 3, de la Constitución establece que son principios y derechos de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional ; en consecuencia, cuando el órgano jurisdiccional imparte justicia está obligado a observar los principios, derechos y garantías que la Norma Suprema establece como límites del ejercicio de las funciones asignadas.
En ese sentido, de que las resoluciones judiciales sean motivadas en un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y es al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante la motivación, por un lado se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la constitución y las leyes (artículos 45 y 138 de la Constitución) y, por otros, los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho a defensa.

Adicionalmente este tribunal ha precisado que “La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por si misma, exprese una suficiente justificación la decisión adoptada , aun si esta es breve o0 concisa …” (STC No 1291-2000-AA/TC, fundamento 2)
En el caso de autos se aprecia que los emplazados han sustentado su decisión en ejecutar el apercibimiento decretado , revocando el mandato d comparecencia por el de detención, por dos razones principalmente; la primera sustentada en el hecho que (…) Respecto a los documentos presentados por José Arias Chumpitaz, del mismo modo se colige que tampoco tiene descanso médico como lo había señalado en el certificado médico presentado en la sesión anterior, se advierte de la documentación alcanzada que estos se remiten al descanso médico de los cuatro y cinco de junio y no para el día de hoy, de ahí que se aprecia en el escrito presentado por su abogado que dice “que su patrocinado le ha informado encontrarse con un problema estomacal”; y la segunda referida a que “no ha solicitado autorización para ausentarse de esta ciudad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 y 144 del Código d Procedimientos Penales”.

Se tiene pues, de la resolución cuestionada que fueron dos los argumentos principales de los emplazados, para ejecutar el apercibimiento, revocando el mandato de comparecencia restringida por el de detención, siendo estos -en resumen- el hecho de no haber justificado el actor su inasistencia a la audiencia para la que fue citado y no haber solicitado autorización para ausentarse de la ciudad.

Se observa del auto de apertura de instrucción que obra en el cuadernillo del tribunal Constitucional que contra el recurrente se abrió instrucción con mandato de comparecencia con restricciones, siendo éstas a) comparecer al local del juzgado cada 30 días a firmar el cuaderno de control respectivo, bajo apercibimiento de revocársela la medida indicada; b) no variar el domicilio sin previa comunicación al juzgado; y c) no reunirse con personas d dudosa reputación. Es así que se evidencia que, el actor estaba sujeto a determinadas reglas de conducta, Sin embargo de la motivación esgrimida por la Sala emplazada se advierte que los emplazados para ejecutar el emplazamiento decretado, primero no han señalado expresamente cuales eran las reglas de conducta que se le habían impuesto al actor, y segundo tampoco han indicado qué regla o reglas de conducta había infringido el demandante para que se hiciera efectivo el apercibimiento.

Al respecto se advuierte en la resolución cuestionada que los demandados solo se han limitado a expresar que los documentos presentados por el demandante para justificar su inasistencia no acreditan que éste se encontrara impedido de asistir a la audiencia omitiendo precisar si efectivamente existía una regla de conducta que habría sido transgredida con dicho acto para que se ejecutara el apercibimiento, asimismo, no explican si el actor tenia restricciones para salir de la ciudad , y si fue así tampoco detallan a que lugar se dirigió sin autorización, quedando un vacío en la argumentación esgrimida en la resolución cuestionada, máxime, si tiene en cuenta que no se advierte que se haya transgredido una regla de conducta establecida en el auto de apertura de instrucción. En tal sentido, es necesario que los emplazados expresen que las reglas de conducta han sido impuestas al actor y argumenten de manera clara y objetiva cuáles fueron los actos que transgredieron dichas reglas.

Por estas razones este Colegiado considera que la argumentación esgrimida por los emplazados es insuficientes a efectos de hacer efectivo el apercibimiento decretado e imponer mandato de detención, que justifique las causas por las que ha considerado revocar el mandato de comparecencia por la de detención. Dicha motivación, entonces es insuficiente en términos constitucionales, razón por la que corresponde declarar la nulidad de la resolución cuestionada del 7 de junio 2012 y en consecuencia disponer la emisión de una nueva resolución que justifique objetivamente las razones que sustentan la revocatoria del mandato de comparecencia impuesto al actor por el de detención.

4.- Efectos de la sentencia
Habiéndose acreditado la afectación al derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en conexidad con el derecho a la libertad individual, corresponde declarar la nulidad de la resolución cuestionada de fecha 7 de junio 2012 , y estando a que la citada sesión de audiencia se procedió a lectura de sentencia, no es posible retrotraer los efectos de la presente sentencia al acto inmediato anterior, por lo que deviene en inexorable , en post de la tutela efectiva de los derechos fundamentales del demandante, que se declare la nulidad del juicio oral seguido en contra de éste, el cual deberá realizarse con la conformación de un nuevo Colegiado.
Por estos fundamentos el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, con la autoridad que lo confiera la Constitución Política del Perú.

HA RESUELTO

1.- DECLARAR FUNDADA la demanda de habeas corpus al haberse acreditado la afectación del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales en conexidad al derecho a la libertad individual.

2.- DECLARAR NULA la Resolución cuestionada de fecha 7 de junio de 2012 y NULO el juicio oral seguido en contra de José Arias Chumpitaz, debiéndose realizar un nuevo juicio oral el cual deberá estar a cargo de un Colegiado distinto al que emitió la citada Resolución.
Publicase y Notifíquese
SS.
Mesía Ramírez.- Eto Cruz.- Álvarez Miranda
Fuente: TC.

A don José Arias Chumpitaz pronto se le abrirá aquella puerta llamada LIBERTAD, pero hoy más que nunca corresponde estar vigilante para que la historia no se repita.

M. Antonio Agapito Manco