El policía de la foto se llama Elidio Espinoza. Hasta el sábado, era uno de los oficiales más controvertidos en las fuerzas del orden. Ayer, con el nuevo año, pasó a situación de retiro por renovación.

¿Por qué Espinoza se ganó la fama de personaje controvertido? Hace un par de años, Ricardo Uceda hizo una investigación para la revista Poder sobre la existencia de presuntos escuadrones de la muerte en Trujillo que eliminaban a miembros de las bandas de delincuentes que azotan la ciudad. Eliminaciones que, de acuerdo con los indicios presentados por Uceda, no se registraron en enfrentamientos armados con los policías. Y el principal implicado en uno de los pocos casos judiciales registrados era el hasta ayer coronel PNP.

Paradójicamente, cuando Elidio volvió a Trujillo el año pasado, la gente lo aclamaba. De acuerdo a lo que señaló Christopher Acosta para Infos:

La carrera policial de Elidio Espinoza empezó a tomar notoriedad durante la gestión del general Octavio Salazar en Trujillo, antes de ser ministro del Interior, y cuando fue jefe de la III DIRTEPOL. Entonces Espinoza era comandante y mantuvo muy buenas relaciones con el ahora congresista fujimorista por La Libertad. Luego fue ascendido a coronel durante la gestión del general Raúl Becerra, hoy director general de la Policía Nacional, y cuando ya existían contra él serias acusaciones. Becerra fue jefe de la Policía en esa ciudad precisamente cuando se reportó la mayoría de ejecuciones.

De la mano de Salazar y Becerra, el coronel Elidio Espinoza se hizo de excelentes relaciones con la clase empresarial trujillana. Para nadie es un secreto la especial cercanía del coronel con los más representativos empresarios liberteños. Quienes se precian de su amistad tienen en agenda el número personal de Espinoza. Algunos le agradecen haberlos salvado de ser víctimas de extorsión. ¿Cómo así? Llaman a Elidio, le dan el número desde el cual se les pide un cupo por su seguridad, y el coronel contacta con el delincuente para -con el peso y fama de su nombre- hacerlo desistir de su objetivo.

Todos en Trujillo saben quién es Elidio y de qué es capaz. El coronel no se molesta en ocultarlo.

Muchos trujillanos parten de una idea equivocada: muerto el perro, se acabó la rabia. Más allá de los debates éticos respecto a esta máxima – que tiene como idea central que el delincuente, al serlo, perdió todo derecho -, existe un problema práctico en materia de seguridad vinculado a la existencia de este tipo de escuadrones. Indica Fernando Rospigliosi:

El comienzo es la inoperancia de la policía para combatir el delito que no se atribuye a sus propios defectos sino a la falta de instrumentos letales. Lo que viene después es que los policías cobran dinero a empresarios y comerciantes para asesinar delincuentes, prometiendo que eso limpiará las calles de facinerosos.

Luego algunos delincuentes empiezan a pagarle a la policía para que no los maten (“protección”). Otros delincuentes con más dinero y poder, el crimen organizado –concretamente el narcotráfico-, contratan a esos malos policías para que eliminen a sus rivales y competidores. Los policías lo hacen y luego son premiados por su “eficacia”.

Después, los delincuentes perjudicados se organizan y se arman para responder, y empiezan a matar policías (de los malos y los buenos) y a sus rivales. Naturalmente, en medio de ese fuego cruzado caen muchísimos inocentes, ya sea porque los confunden o simplemente porque estaban en el lugar equivocado a la hora equivocada.

Peor aún, no se combaten las auténticas causas de los delitos en Trujillo. A la bonanza económica sin planificación urbana que casi siempre termina trayendo complicaciones en la seguridad ciudadana, existe un tema que no se ha afrontado adecuadamente: la capacitación y requerimiento de recursos de los agentes de justicia y seguridad en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que está en vigencia en La Libertad desde 2007.

Pero volvamos a Elidio. El oficial fue procesado y finalmente absuelto. La sentencia de primera instancia ha sido criticada debido a las fallas en la valoración probatoria que tuvo la Sala a cargo del caso, como indica Uceda en un reportaje para Poder que hoy comenzó a publicar La República. Y como señalan en Infos, testimonios sobre el tema habían a montones:

El problema de fondo es que la desesperación por la situación en seguridad ciudadana nos puede llevar a salidas desesperadas y poco adecuadas como las arriba mencionadas. Comenta Augusto Álvarez Rodrich:

En seguridad, en cambio, hemos vivido creyendo que se puede posponer la solución colectiva si es que levantamos un poco más el muro de la casa y cambiamos el Cocker por un Doberman.

Eso es un error que se puede explicar pero, mejor, para hacerla corta, vean lo que ocurre hoy en México, un cuadro dramático y que aún está distante del Perú pero que, como van las cosas en el país, pues allá vamos.

Y eso es algo en lo que el gobierno, hasta ahora, está en debe.

Presidente Humala también lideró campaña de acción social.

PODER POLÌTICO: El presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, inauguró en la región Apurímac los tramos I y V de la carretera Ayacucho- Abancay, que suman 96.5 kilómetros de pista rehabilitada.

Las obras se ejecutaron con una inversión total de 376 millones 31 mil 821.82 soles y beneficiarán a 154 mil 281 habitantes.

El acto se realizó en el distrito de Talavera de la Reyna, de la provincia de Andahuaylas, a 19 kilómetros del aeropuerto andahuaylino.

Durante la ceremonia el presidente regional Elías Segovia dió lectura a la  Resolución que declara huésped ilustre al Presidente de la República.

La carretera Ayacucho – Abancay es una obra de infraestructura vial de enorme importancia que tendrá más de 300 kilómetros. Así el recorrido entre Ayacucho y Abancay se hará en 3 horas y 30 minutos. Actualmente demora más de 8 horas.

El tramo I, que demandó una inversión de 155 millones 784 mil 660.57 soles, está ubicado en el departamento de Ayacucho, provincia de Huamanga cruzando los distritos de Carmen Alto y Chiara. Los trabajos realizados comprendieron la ejecución a nivel de carpeta asfáltica en caliente.

El tramo V de la carretera Ayacucho – Abancay (Km. 210+000 – Km. 256+500) se ubica en el departamento de Apurímac, provincia de Chincheros. Se rehabilitó con una inversión total de 220 millones 247 mil 161.25 soles.

Beneficiarios

En el área de influencia directa de ambos tramos la población se dedica a las actividades comerciales, artesanales de mediana y pequeña magnitud. En el área rural es agrícola y ganadera de bajos ingresos.

La rehabilitación de la carretera permitirá el transporte de mercancías y personas en la zona de influencia, facilitando a los productores colocar sus productos en el área local y regional, así como dar acceso a los servicios turísticos de la zona.

Campaña de apoyo social

Posteriormente, y en el marco de la política que propicia el gobierno de acercar el Estado a la población, el Jefe de Estado se desplazó a la cancha de fútbol de Cuncataca, distante 100 metros del lugar de la ceremonia, donde liderará una jornada de ayuda social.

El Presidente Humala visitó e inspeccionó los diversos módulos de atención de la campaña de acción social emplazados en el referido lugar.

En la jornada de ayuda social participaron representantes y personal de los Ministerios de Salud, Trabajo y Promoción del Empleo (EsSalud), Defensa, Interior, Justicia, Agricultura,  Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ambiente y Cultura.

Asimismo, Transportes y Comunicaciones, de la Mujer y Desarrollo Social y el Ministerio de Desarrollo e inclusión Social, del Reniec y el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Un padre y su pequeño hijo de apenas 9 años de edad fueron baleados por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal, en lo que sería una venganza, en el Callao.
 
Se trata de Rómulo Quiroz Ibañez (32), quien iba a bordo de un auto de placa A5H-528, cuando fue atacado por los dos desconocidos en la cuadra 6 del jirón Amancaes.
 
La víctima iba a recoger a su hija cuando la moto se le cruzó y sus dos ocupantes abrieron fuego directamente contra el auto. El pequeño recibió dos balazos en el hombro y el rostro.
 
En tanto, Quiroz recibió un tiro en el hombro izquierdo. Nora Ibañez, madre de Rómulo Quiroz, informó que ambos fueron atendidos en una clínica local y están fuera de peligro.
 
Afirma que su hijo es trabajador portuario y se desempeña como chofer. Confirmó que hace algunos meses fue dirigente, aunque negó que el ataque se deba a un ajuste de cuentas
 
Fuente: LaRepublica.pe

Corrupción. Ministro del Interior, Óscar Valdés, afirmó que integrantes del resguardo presidencial formaban parte de una red y que incluso algunos ofrecían ascensos y cambios de colocación utilizando el nombre del presidente Ollanta Humala.

Doris Aguirre

“Lo que informa La República es cierto. Un grupo de oficiales de la Policía Nacional adscrito a Palacio de Gobierno fue sorprendido en el robo sistemático de combustible”, afirmó el ministro del Interior, Óscar Valdés Dancuart, al referirse al reportaje que publicó este diario sobre la identificación de oficiales policiales implicados en la sustracción de gasolina asignada a los vehículos del jefe del Estado y su familia.

“Los hemos filmado in fraganti (a los policías). Los videos los comprometen, así que deberán asumir su responsabilidad”, anotó Valdés.

Agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) registraron en video a efectivos de la policía que laboran en Palacio de Gobierno manipulando el odómetro de las camionetas con la finalidad de justificar el consumo de combustible con falsas comisiones de servicio. El diferencial de gasolina luego era revendido.

Con base en el reporte de la Digimin, el ministro Valdés destituyó al jefe de Seguridad Presidencial, coronel PNP Belermino Vásquez Guevara; al jefe de la Oficina de Administración del Resguardo Presidencial, comandante PNP Simión Pérez Mego; y al jefe de Escolta, comandante PNP Antonio Medrano Lau.

“Era toda una red –precisó el ministro–, y sus integrantes no solo están vinculados al robo de combustible sino también a otras irregularidades. Lo hacían a espaldas del presidente Humala”.

Aprovechando su ubicación en Palacio, el coronel Vásquez y el comandante Pérez prometían supuestos ascensos de grado y cambios de colocación a oficiales de la Policía Nacional, tomando el nombre del  Presidente, dijeron fuentes del Ministerio del Interior.

Según el ministro Valdés, al informarle de los hechos al mandatario y comunicarle que en ellos estaba relacionado el jefe de Seguridad, el coronel Vásquez, le instruyó que profundizara las investigaciones y que se aplicara la ley de manera ejemplar.

El comandante Pérez, uno de los destituidos por su relación con la sustracción de combustible, es hermano menor del brigadier PNP en retiro Hermógenes Pérez Mego. El 19 de agosto de este año, el director de Recursos Humanos del Despacho Presidencial, Jorge Gamarra Mendoza, dispuso el nombramiento de Hermógenes Pérez como asistente de la Alta Dirección y supervisor de la Dirección de Operaciones de Palacio.

Hermógenes Pérez fue parte del equipo de organización de la campaña presidencial de Humala en el 2011. El 28 de octubre del 2010, el brigadier PNP (r) se inscribió como militante del Partido Nacionalista, según padrón del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según fuentes policiales, Hermógenes Pérez influyó en la designación de su hermano el comandante PNP Simión Pérez Mego como jefe de la Oficina de Administración de Palacio de Gobierno.

Otros dos oficiales adscritos a la Seguridad Presidencial también fueron removidos de sus cargos por su relación con el caso de robo de gasolina en Palacio de Gobierno. Se trata del jefe de logística de Palacio de Gobierno, mayor PNP Luis Ponce Motta, y del capitán PNP Ángel Alarcón Cubas, integrante de la escolta de la primera dama Nadine Heredia.

Mientras se investiga, ambos han sido asignados a la Dirección de Recursos Humanos.

Por su parte, el jefe de la Inspectoría General de la Policía Nacional, general Néstor Zegarra Silva, dijo a La República que las investigaciones contra los oficiales implicados ya se abrió formalmente.

“No podemos adelantar nada. Las partes implicadas han hecho su descargo y es la Inspectoría la que determinará la situación legal de los efectivos”, expresó el general Zegarra. (Fuente: La Repùblica)

Claudia Toro y Óscar Flores

“Hemos decidido suspender las medidas de fuerza, las protestas, porque no somos partidarios de la violencia ni de la desgracia. Lamentamos que un hermano nuestro haya muerto. Ahora solo nos queda esperar a que el gobierno cumpla su palabra”, sostuvo ayer por la noche el presidente del Frente de Defensa de Cañete, Ítalo Maldonado Montoya, tras la reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, en la sede de la PCM.

Luego de tres horas de conversaciones el gobierno se comprometió a instalar una mesa de diálogo dentro de dos semanas para solucionar los problemas limítrofes, reforzar la seguridad ciudadana y solicitar el presupuesto para la construcción de una universidad y un hospital regional en dicha provincia.

El viceministro de Justicia, Juan Jiménez, señaló que si bien es cierto no se iban a construir más pabellones en el penal La Cantera en Cañete, sí se iba a efectuar el mejoramiento y remodelación de aulas, cocina y ambientes en este centro penitenciario. “Vamos a convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para que refuerce la zona, se incrementen los efectivos y perfeccione el plan de seguridad”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Cañete, María Montoya Conde, también se comprometió a abandonar las medidas de fuerza y protestas, ya que, dijo, hubo muchos infiltrados que provocaron desmanes, robos y abusos. “Nosotros somos pacíficos. La población de Cañete no estaba de acuerdo con la delincuencia ni inseguridad. Tenemos muchas necesidades que el gobierno debe atender. Por eso pido ahora tranquilidad a los pobladores”.

Desbloqueo y heridos

En tanto, ayer por la mañana, tras cinco días de paro indefinido, los enfrentamientos entre la Policía y pobladores del lugar no cesaron. Desde las ocho de la mañana varios delincuentes, haciéndose pasar por manifestantes, recorrieron las calles de San Vicente sembrando el terror. Rompían las lunas de los vehículos particulares y los mototaxis, a los que bajaban las llantas.

También pedían cupos a los transportistas para circular por la avenida Francisco Bolognesi y la antigua vía de la Panamericana Sur, con lo cual transformaron las vías de Cañete en tierra de nadie.
A las nueve de la mañana, agentes de la comisaría de Pueblo Nuevo de Conta retiraron las enormes piedras y la maleza que obstaculizaban las vías antes indicadas. A esa hora las radios locales informaban que la cifra de heridos de bala y golpes diversos ascendió a 36. “Queremos que la violencia termine, no queremos más derramamiento de sangre”, indicaban los lugareños.

Ya por la tarde un contingente de policías antimotines llegó al puente señalado en portatropas para restablecer el orden. Se pensó lo peor. Los manifestantes estaban dispuestos a todo. La Policía Antimotines portaba varas, escudos, bombas lacrimógenas y fusiles de reglamento.

A fin de evitar una tragedia, el coronel Henry Licetti, jefe provincial PNP de Cañete, llamó al dialogo a los manifestantes y se llegó a un acuerdo. “Ellos marcharán en forma pacífica hacia San Luis y limpiaremos las pistas”, afirmó el oficial. Y así lo hicieron. Llegaron al promediar las dos de la tarde a San Luis de Cañete para acompañar a los deudos de Pierre Gonzales Arias (24), quien murió el viernes último.

Claves
Un grupo de pobladores de entre 18 y 40 años que dijeron protestar de forma pacífica bloquearon desde las 10 de la mañana el kilómetro 135 de la antigua Panamericana Sur en San Luis, el cual sirve de acceso a San Vicente de Cañete.

Una hora después se originó un violento enfrentamiento entre 20 policías, quienes se desplazaban por la zona limpiando la carretera, y más de 100 pobladores de San Luis.

Antes de replegarse, la PNP lanzó bombas lacrimógenas, a lo que la muchedumbre respondió con piedras. En esa zona la turba golpeó brutalmente a un agente de civil. Las protestas se extendieron en Asia, Mala y Cerro Azul. A las una de la tarde, cerca de 300 pobladores, en su mayoría jóvenes, bloquearon con piedras 100 metros del kilómetro 141 de la Panamericana Sur.

En cifras
5 días duraron las medidas de fuerza por parte de los pobladores de Cañete.

36 es el número de heridos que dejaron como saldo las protestas y violencia desatada. (Fuente: Diario La República)